Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 18 Ene. 2018, Recurso 339/2016 (LA LEY 4999/2018)
La Audiencia Nacional ha anulado la resolución de la DGRN que denegó a un niño natural de Marruecos la nacionalidad española por residencia por no justificar suficiente grado de integración en la sociedad española, basándose para ello en el informe desfavorable del encargado del Registro Civil, que refiere esa falta de integración a la de sus padres.
Recuerda que el requisito de integración social, recogido en el art. 22.4 CC (LA LEY 1/1889), deriva de la armonización del régimen de vida del solicitante con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen su reflejo constitucional, del grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, así como del arraigo familiar, todo lo cual ha de justificar el interesado o desprenderse de las actuaciones reflejadas en el expediente.
Deteniéndose en el caso, reseña la Sala que se trata de un menor nacido en Melilla en 2001, nacional de Marruecos por "ius sanguinis", que cuando solicita la nacionalidad española, asistido de sus progenitores, está a punto de cumplir los 12 años. Subraya que la resolución denegatoria se sustenta, sin más, en lo apreciado por el encargado del Registro Civil, el cual, pese a la edad del solicitante, se limitó a examinar de integración a sus padres, constatando en ambos serias limitaciones idiomáticas, ya que apenas hablaban español y no sabían leer y escribir, así como un muy limitado conocimiento del país. Destaca que la falta de integración del peticionario, pese a ser una circunstancia estrictamente personal, se hace descansar en la de sus progenitores, y se viene a inferir que no concurre ante los inconvenientes idiomáticos y de conocimiento que los dos presentaban.
Explica el Tribunal que, a diferencia del caso examinado en su sentencia de 28 Ene. 2016 (LA LEY 1136/2016), referente a un menor que, por su corta edad, ni siquiera estaba escolarizado, y cuyos padres, que tuvieron que ser examinados con intérprete, asumían su escaso/nulo contacto con la sociedad española pese al tiempo que llevaban residiendo, en el supuesto enjuiciado, se está ante un menor nacido en España, residente en España, que cuando solicita la nacionalidad está a punto de cumplir 12 años, con autorización de residencia legal desde 2011, debidamente escolarizado, y respecto del que la DG Policía y Guardia Civil en su informe concluye que habla español, tiene arraigo y carece de antecedente de algún tipo.
Así las cosas, considera que el menor supera por sí mismo los estándares de integración que le son exigibles, dadas sus propias circunstancias personales, sin que puedan trasvasársele los inconvenientes que al respecto presentan sus padres. Subraya que no se está enjuiciando si debe o no darse la nacionalidad a sus progenitores, y que la legislación española no impone que la nacionalidad del hijo tenga que permanecer invariable desde su nacimiento y seguir la de los padres mientras sea menor de edad.
Concluye de ese modo la Audiencia que la Administración no ha efectuado una valoración ponderada y proporcionada de las circunstancias concurrentes para denegar la nacionalidad española, por lo que ha de estimarse el recurso y reconocer el derecho del menor a su obtención.